Suecia propone revocar la ciudadanía a líderes de bandas criminales
El gobierno sueco ha presentado una propuesta para modificar la constitución que permitiría revocar la ciudadanía a líderes de bandas involucrados en crimen organizado grave, según anunció el Ministro de Justicia Gunnar Strommer en una conferencia de prensa.
La iniciativa del gobierno sueco representa una expansión significativa de medidas anteriores que se centraban principalmente en casos de espionaje y traición. La propuesta está dirigida específicamente a personas con doble nacionalidad que sean condenadas por delitos que afecten gravemente los intereses nacionales, con el objetivo de retirarles sus pasaportes suecos.
Durante la presentación de la medida, el Ministro de Justicia Gunnar Strommer enfatizó la necesidad de estas acciones para proteger a la sociedad de individuos que causan daños severos, según informó Devdiscourse.
Suecia ha enfrentado problemas de violencia relacionada con el crimen organizado durante años, lo que ha convertido la reducción de la delincuencia de bandas y la inmigración en prioridades para el actual gobierno, que cuenta con el respaldo del partido de derecha Demócratas de Suecia.
Para que estas modificaciones constitucionales entren en vigor, deberán superar varios obstáculos: primero necesitan la aprobación del parlamento sueco, luego deberán ser ratificadas por los votantes en elecciones generales, y finalmente podrían implementarse en 2027 si cumplen con todos los requisitos legales.
Esta propuesta se suma a una tendencia en algunos países europeos de endurecer las políticas relacionadas con la ciudadanía. En un caso similar pero con diferente enfoque, el parlamento de Chipre recientemente aprobó una ley que pone fin definitivamente a su controvertido Programa de Inversión de Chipre (CIP), que permitía otorgar la ciudadanía a inversores extranjeros y sus familias.
La medida chipriota, que generó un acalorado debate parlamentario, busca resolver procedimientos de infracción de la Unión Europea que se remontan a 2020 y garantizar que el programa de pasaportes por inversión no pueda reiniciarse. Según declaraciones recogidas durante el debate parlamentario, el programa había otorgado la ciudadanía a 7.329 personas, incluidos 3.522 inversores, muchos de los cuales nunca pisaron la isla.