

Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó este lunes que el presidente Donald Trump puede enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, a pesar de las objeciones de las autoridades locales y estatales, en lo que representa una importante victoria legal para el mandatario republicano en su estrategia de despliegue militar en ciudades gobernadas por demócratas.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concedió una solicitud del Departamento de Justicia para suspender la orden de una jueza que había bloqueado previamente el despliegue mientras se resuelve una impugnación legal.
La decisión, adoptada por un panel de tres jueces con una votación de 2-1, calificó el plan de Trump de enviar tropas durante 60 días como una "respuesta medida" ante las protestas ocurridas en la ciudad, según informó la BBC.
Los dos magistrados que fallaron a favor de Trump —la jueza Bridget Bade y el juez Ryan Nelson— fueron nominados por el propio mandatario durante su primer mandato. La jueza Susan Graber, nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton, emitió un voto en contra, según El País.
En su voto particular, Nelson afirmó que los tribunales ni siquiera tienen capacidad para revisar la decisión presidencial de enviar tropas. Por su parte, Graber sostuvo que permitir el despliegue militar en respuesta a protestas "meramente inconvenientes" no solo era "absurdo" sino también peligroso, y pidió que el pleno del Noveno Circuito revocara la sentencia antes de que Trump pudiera enviar las tropas.
Sin embargo, el fallo judicial no significa que las tropas puedan desplegarse de inmediato. Como señaló la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, en declaraciones a medios estadounidenses recogidas por la BBC, aún permanece vigente una segunda orden judicial que bloquea el envío de cualquier tipo de tropas a Oregón, incluyendo fuerzas de la Guardia Nacional de otros estados como California y Texas.
La jueza federal de distrito Karin Immergut, también nominada por Trump, había emitido dos órdenes de restricción temporal a principios de octubre. Una bloqueaba a Trump movilizar la Guardia Nacional de Oregón para enviarla a Portland, mientras que otra, más amplia, le impedía enviar tropas de cualquier estado a Oregón. El Departamento de Justicia apeló contra la primera de estas órdenes, y el lunes el tribunal de apelaciones falló a su favor.
Los jueces del Noveno Circuito indicaron que ambas órdenes "se mantienen o caen juntas", sugiriendo que el mismo razonamiento legal se aplicaría a ambas, según la BBC.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, criticó duramente la decisión judicial, afirmando que otorgaría "al presidente poder unilateral para poner soldados de Oregón en nuestras calles con casi ninguna justificación". "Estamos en un camino peligroso en América", añadió, según recoge la BBC. Rayfield también instó a los jueces a votar "para anular la orden de la mayoría antes de que pueda producirse el despliegue ilegal de tropas bajo falsos pretextos".
La Casa Blanca celebró el fallo judicial. "Como siempre hemos mantenido, el presidente Trump está ejerciendo su autoridad legítima para proteger los activos y el personal federales tras violentos disturbios que los líderes locales se han negado a abordar", señaló en un comunicado citado por la BBC. La portavoz Abigail Jackson añadió que la sentencia "reafirma que el fallo del tribunal inferior era ilegal e incorrecto", según El País.
El despliegue ordenado por Trump forma parte de una estrategia más amplia que incluye el envío de fuerzas militares a varias ciudades gobernadas por demócratas, como Washington DC y Los Ángeles, en lo que el presidente describe como una medida contra el "crimen desenfrenado", según la BBC.
El 27 de septiembre, Trump ordenó el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional a Portland, calificando a la ciudad como "devastada por la guerra" y autorizando "el uso de toda la fuerza, si es necesario", según El País. Esta acción forma parte de lo que el diario español describe como "el uso sin precedentes por parte de su administración de personal militar en ciudades estadounidenses para reprimir las protestas y reforzar la aplicación de las leyes de inmigración".
Las autoridades municipales y estatales demandaron al gobierno federal para detener el despliegue, argumentando que la acción de Trump viola varias leyes federales que regulan el uso de fuerzas militares, así como los derechos de los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense.
La demanda acusaba a Trump de exagerar la gravedad de las protestas contra sus políticas migratorias para justificar la toma ilegal del control de las unidades estatales de la Guardia Nacional. Según registros policiales citados por El País, las protestas en Portland eran "pequeñas y tranquilas", con solo 25 detenciones a mediados de junio y ninguna en los tres meses y medio posteriores al 19 de junio.
Los fiscales del Departamento de Justicia han argumentado que las tropas son necesarias en Portland para calmar las continuas protestas frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que en ocasiones han provocado enfrentamientos violentos entre agentes federales y manifestantes, según la BBC.
Al evaluar la determinación de Trump de que las protestas habían creado una "incapacidad" para hacer cumplir la ley federal en Portland, los jueces del Noveno Circuito se mostraron divididos sobre qué pruebas considerar. La mayoría examinó evidencias de junio, cuando las protestas más activas provocaron el cierre de la sede del ICE en Portland durante tres semanas, así como otros incidentes no relacionados, como un tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas, según El País.
La jueza Graber, en su voto disidente, afirmó que no existía ninguna situación de emergencia en la ciudad, ya que las protestas habían sido pacíficas durante varias semanas antes de la orden de Trump, y en ellas participaban principalmente personas "vestidas con trajes de pollo o disfraces de rana hinchables", en lugar de los "peligrosos alborotadores" descritos por funcionarios de la administración Trump, según El País.
La jueza Immergut, al fallar inicialmente contra la administración, había señalado que no existían pruebas de que las recientes protestas en Portland hubieran alcanzado el nivel de rebelión o interfirieran gravemente con las fuerzas del orden, y calificó la descripción de Trump de la ciudad como "devastada por la guerra" de "simplemente ajena a los hechos".
El caso de Portland no es único. Trump ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que evalúe su autoridad para enviar tropas a ciudades gobernadas por demócratas, después de que otro tribunal de apelación fallara en contra de su decisión de enviar tropas a Chicago, según El País.
Immergut es uno de los tres jueces de tribunales de distrito que se han pronunciado en contra del uso de la Guardia Nacional por parte de Trump, y hasta ahora ningún juez de tribunal de distrito se ha pronunciado a favor del presidente en los casos relacionados con estos despliegues militares, según el diario español.