Tribunal de Justicia de la UE declara ilegítimo al Tribunal Constitucional de Polonia

El TJUE se alineó con la Comisión Europea y el actual gobierno polaco al determinar que el Tribunal Constitucional polaco no cumple con los estándares europeos de independencia e imparcialidad, según el fallo emitido el 18 de diciembre de 2025.

La sentencia se centra en dos resoluciones del Tribunal Constitucional polaco de julio y octubre de 2021, que rechazaron decisiones del TJUE por considerarlas inconstitucionales, alegando que el tribunal europeo se extralimitaba al interferir en el sistema judicial polaco.

Según el TJUE, Polonia no puede invocar su identidad constitucional para evadir el respeto a los valores comunes de la UE consagrados en el Artículo 2 del tratado europeo, que incluyen el Estado de derecho, la protección judicial efectiva y la independencia judicial. "Estos valores forman la base jurídica de la identidad de la Unión, a la que Polonia se unió voluntariamente", declaró el tribunal europeo.

El tribunal de Luxemburgo también determinó que los tribunales nacionales no pueden definir unilateralmente los límites de las competencias de la UE, que caen bajo la autoridad exclusiva de los tribunales europeos. Las disputas sobre esos límites, según el fallo, deben resolverse mediante diálogo con el TJUE.

La sentencia encontró irregularidades graves en el nombramiento de tres miembros del Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 y del expresidente del tribunal en diciembre de 2016, lo que llevó a la conclusión de que el órgano judicial polaco "ya no puede ser considerado un tribunal independiente e imparcial", según el TJUE.

El caso tiene sus raíces en las reformas judiciales implementadas por el anterior gobierno nacionalista del partido Ley y Justicia (PiS), que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. Estas reformas, según Bruselas, socavaron el Estado de derecho al establecer control político sobre los principales tribunales del país, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional polaco, dominado por jueces nombrados durante el gobierno del PiS, rechazó inmediatamente la sentencia del TJUE. En un comunicado, afirmó que "la decisión del TJUE no tiene impacto en el funcionamiento de los órganos constitucionales de Polonia y fue tomada fuera de las competencias del tribunal". Además, sostuvo que "la ley suprema en Polonia es la constitución y no el derecho internacional" y que Polonia "no renunció a eso al unirse a la UE ni transfirió a las instituciones de la UE poderes sobre su sistema judicial".

El ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek, escribió en redes sociales que la sentencia del TJUE obligaba al Estado a tomar medidas y que el gobierno estaba preparado para actuar. Żurek había anunciado previamente que solo esperaba el fallo del TJUE para impulsar cambios en el tribunal, incluido el nombramiento de nuevos jueces.

Sin embargo, el actual gobierno pro-europeo del primer ministro Donald Tusk, que llegó al poder en 2023, ha enfrentado dificultades para revertir los cambios implementados por el PiS. Estos esfuerzos han sido bloqueados por presidentes nacionalistas que apoyan la reestructuración judicial realizada por el anterior gobierno.

El actual presidente polaco, Karol Nawrocki, alineado con el PiS, ya ha bloqueado nombramientos judiciales propuestos por el gobierno de Tusk, argumentando que no apoyará la promoción de jueces que han cuestionado el estatus de otros jueces. Nawrocki ha declarado que responde ante los votantes polacos y la Constitución polaca, no ante los tribunales europeos o la Comisión Europea.

La sentencia del TJUE otorga a la Comisión Europea la autoridad para imponer sanciones financieras si Polonia no cumple con el fallo, aunque la Comisión ya había desbloqueado fondos europeos post-pandemia y estructurales para Polonia tras la llegada de Tusk al poder.

Críticos de la decisión, como Łukasz Bernaciński, miembro de la junta del think tank legal conservador Ordo Iuris, argumentaron que "el TJUE está socavando una vez más el orden constitucional de Polonia y actuando fuera de los poderes otorgados a la UE en los tratados". Por su parte, el diputado del PiS y exviceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, afirmó que el TJUE "acaba de prohibir a Polonia aplicar su constitución al afirmar que en todos los asuntos tiene la última palabra, lo que constituye un desafío directo a la soberanía polaca".

La disputa probablemente agravará los problemas del sistema judicial polaco, que ya sufre controversias sobre la validez de las sentencias emitidas por jueces nombrados durante el gobierno del PiS, y profundizará el conflicto entre las instituciones europeas y los sectores nacionalistas polacos sobre la primacía del derecho comunitario frente a la constitución nacional.