El Pentágono confirmó la extensión mediante un correo electrónico el jueves, indicando que la misión continuará "hasta el 20 de enero de 2029, o hasta que sea terminada por el Presidente", según reportó CNN. El despliegue estaba programado para expirar a finales de 2026 tras una extensión anterior.

Desde que Trump emitió la orden ejecutiva en agosto de 2025, aproximadamente 2.500 tropas de la Guardia Nacional han permanecido en Washington, acompañadas por oficiales federales adicionales. Durante su despliegue, los miembros de la Guardia han respondido a emergencias médicas, asistido en arrestos, ayudado con la remoción de nieve y ejecutado proyectos de embellecimiento urbano.

La administración Trump ha argumentado que la criminalidad ha disminuido rápidamente desde el despliegue. Según la Casa Blanca, desde que comenzaron las operaciones se han realizado 12.000 arrestos mediante una fuerza de tarea conjunta, incluyendo 62 miembros de pandillas conocidas, y se han incautado miles de armas de fuego ilegales. Sin embargo, autoridades locales han cuestionado estas afirmaciones, señalando que la criminalidad ya estaba en declive antes de que Trump ordenara el despliegue de tropas.

Phil Mendelson, presidente del Consejo del Distrito de Columbia, criticó duramente la operación en abril, declarando que "los contribuyentes están pagando más de un millón de dólares al día para que caminen por las calles", y añadió que "la presencia de soldados armados en las calles estadounidenses no se ve bien". Los miembros de la Guardia continúan patrullando las calles de la ciudad, estaciones de metro, atracciones turísticas, vecindarios y parques.

El despliegue ha sido controvertido desde su inicio. En noviembre, un miembro de la Guardia Nacional fue asesinado a tiros y otro resultó herido cuando un hombre que viajó desde el estado de Washington abrió fuego fuera de una estación de metro a tres cuadras de la Casa Blanca. La especialista Sarah Beckstrom, quien fue asesinada, y el sargento de personal Andrew Wolfe fueron desplegados desde Virginia Occidental.

Washington, D.C., como distrito federal establecido por el Congreso, otorga a Trump una influencia significativamente mayor sobre la policía local y la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, a la que puede controlar directamente. Esta circunstancia le ha permitido eludir los desafíos legales que ha enfrentado en otros estados. Los despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades han sido terminados o pausados por decisiones judiciales en California e Illinois, mientras que operaciones más limitadas continúan en ciudades como Nueva Orleans.

Respecto a la efectividad de la medida, existe desacuerdo entre funcionarios. Aunque la administración sostiene que el apoyo de la Guardia ha contribuido a reducir la criminalidad, datos anteriores mostraron que el crimen ya estaba en declive antes del despliegue. Estos datos generaron una investigación después de que surgieran acusaciones de que la policía local podría haber manipulado las cifras de criminalidad.

La extensión del despliegue hasta 2029 significa que la presencia militar en la capital estadounidense continuará durante todo el mandato de Trump, consolidando una política que ha generado tensiones entre la administración federal y las autoridades locales de Washington, una ciudad predominantemente demócrata que ha cuestionado tanto la necesidad como la justificación de mantener tropas armadas en sus calles.