La orden ejecutiva firmada por Trump reclasifica alrededor de 8.000 trabajadores a una categoría denominada "Schedule Policy/Career", creada durante los primeros días de su segundo mandato, según informó la revista Time. Esta categoría cubre posiciones de naturaleza "confidencial, determinante de políticas, creadora de políticas o defensora de políticas", convirtiéndolas en puestos de empleo a voluntad, lo que significa que el gobierno puede despedir a estos empleados sin proporcionar una razón.

Casi todos los puestos reclasificados se encuentran en el nivel salarial más alto para la mayoría de los empleados civiles federales de Estados Unidos, el GS-15, con algunos ganando hasta 200.000 dólares anuales, según la fuente. Estos incluyen posiciones como directores, subdirectores, jefes de gabinete, asesores senior y analistas de políticas, aquellos involucrados en la redacción de regulaciones y orientaciones, líderes de asuntos públicos y legislativos, y quienes supervisan el desembolso de subvenciones federales.

Durante la ceremonia de firma en la Oficina Oval, James Sherk del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca dijo a Trump que la orden trata a los empleados afectados como trabajadores del sector privado: "Van a ser contratados sobre la base del mérito y la confianza, pero si están fallando, entonces pueden ser removidos rápidamente, en lugar de tomar un año más para deshacerse de ellos", según reportó Time.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha reducido la fuerza laboral federal en más de 300.000 personas, según la fuente. Sin embargo, el número de posiciones afectadas por la orden del miércoles es menor de lo anticipado. La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), esencialmente el departamento de recursos humanos del gobierno federal, había proyectado previamente que unas 50.000 posiciones —aproximadamente el 2% de la fuerza laboral federal— se verían impactadas por la política. Aún así, la Administración no ha descartado que más posiciones puedan verse afectadas en el futuro.

La orden del miércoles es la culminación de un movimiento que se ha anticipado durante meses, desde que la regla de la OPM sobre Schedule Policy/Career entró en vigor en marzo, según Time. Aunque los trabajos en la categoría siguen siendo de carrera y no partidistas, perderán los derechos a procesos exhaustivos y apelaciones cuando sean removidos, permitiendo su eliminación más rápida.

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, que representa a unos 800.000 trabajadores federales, afirmó que la orden habilita la corrupción y desalienta la disidencia al eliminar los derechos al debido proceso de los empleados, según declaraciones recogidas por Time.

"Las implicaciones prácticas de esta acción son claras", dijo Kelley en un comunicado el miércoles. "Los trabajadores que alguna vez se sintieron cómodos reportando desperdicio, fraude, abuso y mala gestión en su lugar de empleo porque estaban protegidos contra represalias ahora tendrán miedo por sus trabajos si hablan".

Al hablar con reporteros en una llamada, el director de la OPM, Scott Kupor, destacó la necesidad de la Administración de emplear trabajadores para llevar a cabo la agenda política del presidente, según Time. El director de la OPM, sin embargo, niega que los trabajadores reclasificados estarán sujetos a pruebas de lealtad o perderán protecciones como denunciantes.

"Puedes tener cualquier opinión política, pero si permites que esas opiniones interfieran básicamente con tu disposición a llevar a cabo órdenes legales y directivas políticas de la administración, entonces esto proporciona un mecanismo obviamente para que las personas en esas agencias puedan ser removidas efectivamente a voluntad", dijo Kupor, según la fuente.

La orden del miércoles es un renacimiento de la política conocida como Schedule F, que Trump emitió en los últimos meses de su primer mandato presidencial, pero solo unas pocas agencias consideraron cumplir antes de que la Administración Biden la revocara en 2021, según Time. Esa orden de Trump también señalaba efectivamente que los trabajadores gubernamentales con influencia en políticas debían alinearse con la agenda del presidente o ser removidos.

Los esfuerzos de reclasificación de la OPM ya han enfrentado múltiples desafíos legales antes de la orden del miércoles, según la fuente. Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones que desafía la reclasificación, dijo en un comunicado el miércoles que el país ha dependido durante mucho tiempo de un "servicio civil profesional y no partidista".

"Cuando los expertos del gobierno pueden ser despedidos sin causa, no son solo los trabajadores federales quienes resultan perjudicados", agregó Perryman, según Time, "son las personas en todo el país que dependen de estos servicios esenciales todos los días".