

La administración de Donald Trump ha endurecido sus medidas migratorias con dos nuevas tarifas que elevan los costos para quienes intenten ingresar a Estados Unidos sin autorización o soliciten permisos humanitarios.
El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha anunciado dos nuevas medidas migratorias que incrementan significativamente los costos para los migrantes. La primera es una multa de 5,000 dólares para toda persona que cruce ilegalmente la frontera, y la segunda es una tarifa de 1,000 dólares para quienes soliciten o sean beneficiarios del permiso de permanencia temporal conocido como 'parole' humanitario.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva normativa forma parte de la implementación de la ley HR-1, promulgada el 4 de julio, que busca ampliar los mecanismos de control fronterizo. La tarifa del parole deberá pagarse en el momento en que el permiso sea otorgado, con algunas excepciones limitadas como emergencias médicas o colaboración con investigaciones gubernamentales.
La medida representa un golpe significativo al programa de parole humanitario implementado durante la administración de Joe Biden, que había permitido la entrada temporal de más de 530,000 personas de países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. El programa, que no otorga residencia permanente, ofrecía una alternativa segura a los cruces irregulares.
Los datos oficiales revelan que los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025 ya habían alcanzado su nivel más bajo desde principios de la década de 1970, lo que hace que estas nuevas medidas sean aún más restrictivas.
La implementación de estas tarifas será responsabilidad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), quienes recaudarán los pagos según el tipo de trámite o punto de ingreso.
Los críticos argumentan que estas medidas representan un nuevo obstáculo para las personas que buscan protección humanitaria, mientras que los defensores de la política migratoria de Trump sostienen que se trata de una estrategia para desalentar la inmigración ilegal y proteger la seguridad fronteriza.