Cinco días antes de su declaración del martes, Trump había acusado a China de haber adquirido ilícitamente 220 millones de registros de votantes estadounidenses a partir de 2020, durante un discurso transmitido en horario de máxima audiencia. En esa ocasión, describió la "pérdida de datos" como un "problema de seguridad electoral sin precedentes".

Sin embargo, el martes Trump adoptó un tono radicalmente diferente. "Sucedió hace mucho tiempo. Creo que China es quizás un poco diferente hoy de lo que era entonces", dijo, minimizando la gravedad de las acusaciones que había formulado públicamente días antes.

El presidente estadounidense también equiparó las acciones chinas con operaciones estadounidenses contra China. "Hacen cosas y nosotros hacemos cosas contra ellos", afirmó. "Seré honesto, nosotros también hacemos cosas contra ellos. No es una calle de un solo sentido", agregó, sugiriendo que ambas naciones participan en actividades similares de interferencia.

Cuando se le preguntó si estaba considerando represalias contra China, incluyendo sanciones, la Casa Blanca no respondió. Trump tampoco anunció medidas punitivas específicas, limitándose a decir vagamente que Estados Unidos "discutiría el asunto" con funcionarios chinos.

El cambio de postura ocurre en un contexto diplomático delicado. Un día después del discurso inicial de Trump acusando a China, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la planificación continuaba "a buen ritmo" para la visita de estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos programada para septiembre.

La contradicción entre las declaraciones de Trump refleja una tensión entre la retórica de seguridad electoral y las consideraciones diplomáticas. Mientras que la acusación inicial enfatizaba el riesgo sin precedentes para la integridad electoral estadounidense, la postura posterior sugiere una disposición a normalizar el incidente como parte de la competencia geopolítica rutinaria entre potencias.

El presunto robo de datos, según la acusación inicial de Trump, habría comprometido información de 220 millones de votantes estadounidenses durante un período de seis años, comenzando en 2020. Sin embargo, Trump no proporcionó detalles adicionales sobre cómo se produjo el acceso, qué información específica fue comprometida más allá de los registros de votantes, o qué medidas se han implementado para mitigar el riesgo electoral.

La falta de respuesta de la Casa Blanca a preguntas sobre represalias sugiere que la administración Trump no tiene intención de imponer consecuencias significativas a China por el incidente, a pesar de la caracterización inicial como una amenaza de "proporciones históricas" para la seguridad electoral estadounidense.