La norma de "carga pública" amplía significativamente los motivos de descalificación para obtener residencia permanente. Aunque la ley federal ya exigía que los aspirantes demostraran que no se convertirían en una carga pública, la nueva medida expande estas restricciones de manera sustancial. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la política "está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses".

La nueva política no especifica explícitamente qué beneficios y programas se considerarán una carga pública. En su lugar, establece que los agentes encargados de implementar la medida harán "determinaciones individuales y de hechos específicos de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero". Los funcionarios evaluarán "con mayor precisión la probabilidad de que un extranjero, en cualquier momento, se convierta en una carga pública", utilizando "buen juicio y discreción".

Según El País, los funcionarios migratorios y consulares podrán hacer revisiones más exhaustivas de los expedientes, que incluyen los bienes y recursos financieros del solicitante, sus habilidades y educación para demostrar que son capaces de incorporarse al mercado laboral y sostenerse por sus propios medios. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández señaló que "las personas menos preparadas, con menos educación, con menos recursos, son quienes tendrán más posibilidad de caer sobre la carga pública".

El gobierno federal promovió originalmente la norma en 2018 como una forma para garantizar que solo quienes fueran autosuficientes pudieran entrar a Estados Unidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron entonces la medida, asegurando que equivalía a una "prueba de riqueza". Expertos en salud pública advirtieron que conduciría a peores resultados de salud.

Manatt Health, un grupo que asesora a gobiernos estatales y federales, estimó que la política habría disuadido a hasta 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentación, vivienda u otra ayuda mediante programas para los que eran elegibles de acuerdo con lo establecido en la ley federal. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos, en su mayoría niños o adultos que vivían en una familia de estatus mixto, según el grupo.

Sin embargo, un estudio de 2020 del Migration Policy Institute indicó que, aunque los "efectos disuasorios" podrían ser enormes, era pequeño el número de inmigrantes que podrían ser considerados no elegibles para la residencia legal permanente por el uso de uno de los beneficios públicos contemplados en la norma. El instituto calculó que, a lo mucho, 167.000 personas —menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que residían en Estados Unidos en ese momento— podrían ser consideradas inelegibles para una residencia permanente debido a su uso de un beneficio incluido en la lista. En 2023 había 22,8 millones de no ciudadanos en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.

Los expertos también señalan que la mayoría de las personas que reciben beneficios del gobierno ya son residentes legales, lo que sugiere que el impacto directo en las solicitudes de residencia podría ser limitado en términos numéricos, aunque los efectos psicológicos y de disuasión podrían ser mucho más amplios.

El regreso de la "carga pública" se suma a una larga lista de políticas implementadas por la Administración de Trump para restringir la inmigración en Estados Unidos. Según El País, el regreso de esta norma ha estado rondando desde noviembre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó por primera vez una propuesta de reforma que incluía los supuestos beneficios económicos que traería su implementación. Una de las formas de "ahorro" mencionadas en el documento vendría a través de las familias de estatus legal mixto donde hay ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que optan por no utilizar programas de asistencia a los que legalmente tienen derecho. Según estos cálculos, la reducción de "gastos" podría ser de casi 9.000 millones de dólares anuales "debido a la baja o la falta de inscripción en programas de beneficios públicos por parte de miembros de hogares que incluyen a extranjeros que podrían estar recibiendo beneficios públicos".

Simultáneamente, el gobierno de Trump también está evaluando imponer una fianza de hasta 100.000 dólares a algunos inmigrantes que soliciten sus residencias permanentes a través de consulados, de acuerdo con un reporte publicado por el Wall Street Journal que cita a fuentes vinculadas con estos planes. La fianza sería utilizada como garantía en caso de que el inmigrante no cuente con medios para sostenerse en Estados Unidos después de recibir su residencia permanente.

Organizaciones no gubernamentales afirmaron que la política provocó confusión y miedo durante su implementación anterior, y llevó a muchos inmigrantes y a sus familiares nacidos en Estados Unidos a abstenerse de solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho. Defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron la decisión del gobierno de reactivar la norma de "carga pública" y expresaron su preocupación sobre sus consecuencias.

Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición Protecting Immigrant Families Coalition, declaró: "Este reglamento es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país. El gobierno de Trump está basando las decisiones migratorias en prejuicios y política, sin importar el daño causado".

Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, advirtió que la norma ahuyentará a los inmigrantes de ir al médico, comprar comida en el supermercado o presentar impuestos. "Con esta nueva norma, están sembrando miedo y caos para, en última instancia, transformar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos, blancos y ultrarricos, sean bienvenidos. La norma no sólo es sumamente dañina, también viola la ley", indicó Krieger.

La ofensiva contra la inmigración pone un mayor énfasis en las detenciones y deportaciones en ciudades de todo el país, y en fronteras y puntos de entrada, pero también ha incluido medidas contra inmigrantes legales y familias de estatus mixto, en las que los padres son ciudadanos extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.

La reactivación de esta norma ocurre en un momento en que los costos de la atención médica y los alimentos van en aumento, lo que podría intensificar el dilema de muchas familias inmigrantes entre acceder a beneficios sociales necesarios y proteger sus perspectivas de obtener residencia permanente. El impacto de esta política se extenderá más allá de los números oficiales de rechazos, afectando el comportamiento de millones de personas que podrían optar por no solicitar ayuda a la que tienen derecho legal.