España propone obligar a empresas a detallar salarios medios por sexo y criterios de ascenso

El departamento liderado por Yolanda Díaz presentó un borrador que plantea novedades de calado en materia de transparencia salarial, según el texto al que tuvo acceso el diario El País. La propuesta establece que "las empresas pondrán a disposición de su personal los criterios objetivos y neutros con respecto al género que se utilizan para determinar su retribución y los niveles retributivos aplicables en la empresa", según el documento.

Para las compañías con 50 empleados o más, el proyecto añade una exigencia adicional: deberán "incluir también información sobre los criterios de progresión retributiva", es decir, tendrán que detallar qué elementos justifican los ascensos, según el borrador. Además, Trabajo precisa que las empresas deberán recordar a los trabajadores al menos una vez al año que pueden requerir esta información, que "se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad", según el texto.

El proyecto blinda el derecho de los empleados a conocer su situación retributiva y compararla con el promedio de la empresa. "Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, en los grupos o categorías de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo", establece el decreto, según la fuente.

Si la información recibida es inexacta o está incompleta, "la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar aclaraciones y detalles adicionales y razonables con respecto a cualquiera de los datos facilitados", según el borrador. Esa solicitud de información deberá ser satisfecha por la empresa en un máximo de dos meses, según el texto.

El proyecto de Trabajo parte de la siguiente premisa: "El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo", según el documento. Para evitar estas diferencias, el decreto señala la obligación de las empresas de elaborar registros y auditorías salariales, precepto que ya contenía el decreto de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, pero que se refuerza con este nuevo proyecto, según la fuente.

El texto planteado ahora por el ministerio es una modificación de aquella norma de hace más de un lustro y su adaptación a las reglas comunitarias, según El País. La auditoría retributiva, según precisa el texto, consistirá en "un análisis de la proporción de personas trabajadoras, desglosadas por sexo, en cada grupo o categoría profesional; la información sobre los niveles retributivos medios; las razones, si las hay, de tales diferencias en los niveles retributivos medios; la proporción de personas trabajadoras que han recibido alguna mejora de retribución tras su reincorporación al puesto de trabajo en los supuestos de permiso de nacimiento y cuidado del menor", según el borrador.

El incumplimiento de estas obligaciones conlleva posibles sanciones a las empresas, que no cambian en el nuevo planteamiento de Trabajo, según la fuente. Son las mismas a las que ya hacía referencia el decreto de 2020, reguladas mediante la jurisdicción social, según el texto.

Consultada sobre el texto, la CEOE indicó que está estudiándolo antes de valorarlo, según El País. Una de las negociadoras de UGT, Patricia Ruiz, indicó que plantearán ideas para que las auditorias retributivas "sean eficaces y transparentes", y recordó que la brecha salarial en España ronda el 15%, según la fuente. Además, Ruiz relacionó la importancia de que el ministerio apruebe la reforma del registro horario con la transparencia salarial: "Necesitamos saber, para hacer un diagnóstico real, cuántas horas trabajan las mujeres y cómo se retribuye cada hora", dijo, según El País. Los sindicatos anunciaron esta semana que no volverán a pactar nada con el Gobierno si no aprueba antes de agosto el refuerzo del control horario, según la fuente.

Por parte de CC OO, Javier Pacheco mostró compromiso con la reforma: "Queremos poner en valor el compromiso de la Comisión Europea de seguir exigiendo la transposición de la directiva a los Estados miembros, superando la presión de las patronales europeas; y queremos también garantizar que todo este procedimiento concluya con la transposición del conjunto de normas que modifica el ordenamiento jurídico de nuestro país", señaló, según El País.

Trabajo fijó la próxima reunión con sindicatos y patronales para tratar el tema el 15 de julio, según la fuente. Para cumplir con el plazo marcado por Bruselas, España tenía hasta el 7 de junio para adaptar el contenido de la directiva a sus leyes, según El País. Pero el Gobierno falló con ese compromiso al no haber aprobado ninguna norma para su transposición, según la fuente.

Solo Eslovaquia, Italia y Lituania hicieron una adaptación completa a tiempo, según los datos de la Confederación Europea de Sindicatos citados por El País. Otros países como Polonia, República Checa, Malta o Bélgica la hicieron parcial, según la fuente. Mientras que Holanda, Francia, Dinamarca, Finlandia, Chipre, Bulgaria, Rumania y Grecia retrasaron sus proyectos de ley a 2027, según los datos.

Por su parte, Irlanda, Alemania, España, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia son los más incumplidores, ya que no tienen un proyecto normativo en marcha ni plazo para aprobarlo, según la Confederación Europea de Sindicatos. Finalmente, Suecia se opuso directamente a la norma, según la fuente.

El proyecto plantea estos cambios por real decreto, así que no necesitaría aval parlamentario, aunque no cierra la puerta a añadir algunas modificaciones con rango de ley que sí exigirían el visto bueno del Congreso, según el borrador presentado por Trabajo.