España publica por primera vez el catálogo completo de represaliados del franquismo en la ciencia

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación de España, publicó por primera vez en sus 87 años de historia un archivo completo con toda la información existente sobre las depuraciones franquistas de personal vinculado a la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), según informó la institución este miércoles.

El catálogo, denominado Archivo, Memoria y Reparación, documenta al menos 511 casos de personas que vieron truncadas sus carreras por sus filiaciones políticas, su actividad profesional o simplemente por ser mujeres y llevar pantalones, según el CSIC. La presentación se realizó en la sede central del organismo en la calle de Serrano de Madrid, cuyo friso exhibió durante décadas una loa a Francisco Franco, eliminada desde 2010.

"Este trabajo estaba por hacer; no sabíamos ni quiénes eran, ni cuántos, ni en qué circunstancias fueron depurados", explicó Eloísa de Pino, presidenta del CSIC, durante el acto de presentación.

La ruptura entre dos instituciones

La investigación, dirigida por la historiadora del CSIC Ana Romero durante dos años y medio, desmonta la narrativa histórica de continuidad entre la JAE y el CSIC. "Lo que este proyecto pone de manifiesto es que son muchas las rupturas y muy pocas las continuidades", afirmó Romero.

El CSIC fue creado en noviembre de 1939 por el dictador Francisco Franco para "la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias", sobre las cenizas de la JAE, una institución que durante décadas fomentó estancias en el extranjero para científicos españoles y cuyo presidente vitalicio fue Santiago Ramón y Cajal, primer Nobel de Medicina español.

El año que viene se cumplen 120 años de la creación de la JAE. Durante décadas existió la narración "de brocha gorda", a menudo interesada, de que el CSIC fue heredero de la JAE y que hubo una continuidad completa entre ambos, según Romero. Ese relato es mentira, advirtió la investigadora.

Metodología y alcance de la investigación

El trabajo incluyó el buceo en 13 archivos oficiales y otras fuentes documentales. Por primera vez se tuvieron en cuenta los casos no solo de investigadores científicos y catedráticos, sino del resto del personal necesario para hacer ciencia: gente que trabajaba en el servicio, administración, taxidermia, preparación de muestras, dibujantes y archiveros, según el CSIC.

El catálogo incluye una detallada relación de los destinos que tuvieron los depurados, desde quienes pudieron seguir trabajando sin problemas, en ocasiones después de una doble investigación por parte de las autoridades republicanas y las fascistas, hasta diferentes condenas como la destitución sin paliativos publicada en el Boletín Oficial del Estado, seguida en muchos casos del exilio, la sanción, el recorte a la mitad del sueldo, la imposibilidad de ascender durante años y otros castigos que en algunos casos se prolongaron hasta prácticamente la muerte de Franco en 1975.

"Este exceso de nomenclatura indica muy bien el exceso de la represión, y por eso hemos decidido mantenerlo", explicó Romero.

Casos representativos de la represión

Durante el acto se recrearon las historias de tres personas que representan diferentes variantes de la depuración. Ricarda Moreno Fernández era empleada de servicio de la Residencia de Estudiantes. Por su participación en un comité durante la guerra, fue condenada a la separación definitiva del servicio junto a otros trabajadores, según el archivo.

Rafael Méndez Martínez, médico becado por la JAE y profesor de la Universidad Central de Madrid, fue reintegrado tras el proceso de depuración republicana. No se sabe si fue depurado por los franquistas, pero acabó en el exilio, primero como profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y luego como director de laboratorio en el Instituto Nacional de Cardiología de México, según el CSIC.

La química Carmen García Amo, que trabajó antes de la Guerra en la búsqueda de metales baratos que pudieran sustituir al platino, fue rehabilitada en su puesto tras el conflicto y aparece también como informante en el expediente de depuración de un catedrático, según la investigación.

El archivo incluye tanto grandes nombres de represaliados como el fundador de la oceanografía en España, Odón de Buen, o el naturalista Ignacio Bolívar Urrutia, como otros que nadie conocía hasta que arrancó la investigación, según el CSIC.

Destinos trágicos y contradictorios

Romero destacó el caso del físico Santiago Piña de Rubíes, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid desde 1913 que durante la guerra fue el conservador del material científico del Instituto Nacional de Física y Química. Tras el conflicto, un tribunal militar le condenó a 20 años de prisión, y murió de neumonía en la cárcel en 1940, según el archivo.

Los datos del químico Alberto Chalmeta Tomás, catedrático de Farmacia antes de la guerra, muestran una trayectoria llena de preguntas sin respuesta. Fue director del Centro de Experiencias y Estudios del Batallón de Guerra Química, asimilado de comandante y director del laboratorio de sueros y vacunas durante la contienda, y condenado a 16 años de reclusión por los franquistas. En 1949, un documento lo vincula al Sindicato Vertical de Industrias Químicas como director técnico de los Laboratorios Profidén. Después de la muerte de Franco se trasladó a París, la ciudad en la que había estado becado por la JAE, donde murió, probablemente en 1987, según el CSIC.

La represión específica contra las mujeres

El nuevo archivo tiene un apartado específicamente dedicado a las mujeres depuradas. "Normalmente no las encuentras por sus nombres", explicó Romero, "sus voces no aparecen en los archivos, casi siempre están en carpetas de sus jefes o de sus maridos".

Hay muchos vacíos, como los de las jóvenes que se formaron en el Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas, que dirigía María de Maeztu. "Estas mujeres aparentemente no pasaron el proceso de depuración porque no tenían una adscripción contractual, eran precarias, pero sí fueron represaliadas. Muchas se fueron al exilio, otras no terminaron la carrera y montaron sus farmacias. Por eso hemos querido marcar esta agrupación", razonó Romero.

La convención social era llamarlas señoritas, no doctoras, aunque lo eran, sin incluir su nombre de pila, según la investigación. Es el caso de las hermanas Vigón, hijas del general monárquico Juan Vigón Suero-Díaz, que se pensaba que eran una única persona, cuando en realidad eran dos doctoras.

El caso de la mujer sancionada por llevar pantalones

María del Carmen Pescador del Hoyo era doctora en filosofía y letras y aspirante al magisterio secundario en la sección de Historia del Instituto Escuela en 1930. Trabajó con Claudio Sánchez Albornoz entre 1932 y 1936 en el Instituto de Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos.

En su expediente, elaborado por la Policía de la Comisaría de León, se la acusó de haber sido alumna de Sánchez Albornoz, de ser prometida de José Yuste Blázquez —apartado del servicio de Correos y Telégrafos de León el 15 de agosto de 1936— y de vestir pantalones, según el nuevo archivo.

Se le impuso una sanción que incluía la prohibición de solicitar cargos vacantes durante cinco años, la postergación durante cinco años para avanzar en el escalafón, y la inhabilitación para desempeñar puestos de mando o de confianza, con especial prohibición de servir en bibliotecas donde pudiera tener comunicación con público juvenil. Como consecuencia de la sanción, fue trasladada desde la Biblioteca Pública de Zamora al Archivo de la Delegación de Hacienda de la misma provincia.

En septiembre de 1941 inició un recurso contra la resolución de su expediente de depuración, lo que llevó a la reapertura del expediente, aunque la sanción quedó firme. En 1953 fue nombrada jefa de sección del Archivo Histórico Nacional de Madrid, según el CSIC.

Balance de la represión y documentos desaparecidos

De todos los expedientados, un 60% pudo continuar su carrera mientras otro 40% acabó en el exilio, apartado de su puesto o muerto en la cárcel, según Romero.

La investigación descubrió también que muchos de los documentos que deberían estar en el archivo han desaparecido, probablemente a propósito. El material que falta puede estar en manos privadas, en archivos familiares, por ejemplo, según el CSIC.

Uno de los objetivos de la publicación es que los familiares de los afectados puedan contribuir ahora a completar la información, a veces fría y telegráfica, de las sentencias de depuración. Los responsables de la investigación esperan que las familias puedan colaborar para completar la historia vital de los represaliados, pues de muchos no se sabe ni qué cara tenían, porque no hay fotos; solo las frías referencias de los archivos, según el organismo.

Cumplimiento de la ley de Memoria Democrática

El nuevo repositorio es parte del trabajo del CSIC para cumplir la ley de Memoria Democrática de 2022 y deshacerse de su legado franquista, según la institución. Las medidas incluyen la retirada de los retratos del primer presidente, José Ibáñez, y su primer secretario general, el sacerdote vinculado al Opus Dei José María Alvareda, y el cambio de nombre de uno de sus 121 institutos: el Instituto de Química Física Rocasolano es ya el Instituto Blas Cabrera, en homenaje al insigne físico represaliado y exiliado.

La publicación del archivo representa el primer esfuerzo sistemático del CSIC en sus casi nueve décadas de existencia por documentar y reconocer públicamente la represión franquista contra la comunidad científica española, poniendo fin a décadas de silencio institucional sobre este capítulo de su historia.