Reino Unido investiga caso de agresión sexual juzgado por tribunal militar estadounidense en suelo británico
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Reino Unido investiga caso de agresión sexual juzgado por tribunal militar estadounidense en suelo británico

El gobierno británico anunció el viernes que investigará por qué un caso de agresión sexual cometido por un militar estadounidense contra una ciudadana británica en Inglaterra nunca llegó al Servicio de Fiscalía de la Corona, siendo procesado en cambio por un tribunal militar de Estados Unidos. El caso de Sarah Steele, agredida por el aviador Jacob Wulfson en 2023 fuera de servicio y fuera de la base militar, ha expuesto el poco conocido sistema de justicia militar estadounidense que opera en territorio británico y que ha procesado decenas de casos en la última década.

INTERNACIONAL28 JUN 2026

Sarah Steele renunció a su anonimato para hablar con The Guardian sobre la experiencia "angustiante y degradante" que vivió después de ser agredida por Jacob Wulfson a finales de 2023, según reportó el medio británico. La policía militar estadounidense tomó rápidamente el control de la investigación de la agresión, y el aviador fue procesado en un tribunal militar estadounidense por un crimen que ocurrió fuera de servicio y fuera de la base, en una ciudad inglesa.

Wulfson fue declarado culpable de estrangular a una pareja íntima, pero absuelto de agresión sexual y "contacto sexual agravado" por un panel compuesto exclusivamente por oficiales masculinos de la fuerza aérea estacionados en la misma base, RAF Lakenheath, según The Guardian. Expertos legales indicaron que este último delito probablemente habría sido categorizado como violación en un tribunal británico. Steele enfrentó interrogatorios invasivos, agresivos y prolongados, mientras que su agresor optó por no testificar.

El Número 10 de Downing Street declaró el viernes que era "muy preocupante" que el caso nunca llegara al Servicio de Fiscalía de la Corona, y el Ministerio de Justicia británico afirmó que investigará el asunto, según la fuente.

**El marco legal que permite la jurisdicción estadounidense**

Más de 12.000 efectivos estadounidenses están estacionados en 15 bases e instalaciones en Reino Unido, según The Guardian. Bajo un acuerdo de 1951, Estados Unidos procesa a su personal militar por delitos cometidos mientras estaban de servicio, o contra otro personal estadounidense, propiedad de las fuerzas armadas de Estados Unidos, o un dependiente como un cónyuge o hijo.

Ese alcance en sí mismo es profundamente preocupante, según el análisis del medio británico: la muerte de un ciudadano británico en una colisión fuera de la base aún caería bajo jurisdicción militar estadounidense si el conductor estaba de servicio.

La policía y los fiscales británicos tienen la primera opción para investigar y acusar al personal militar estadounidense en otros casos. Sin embargo, en la práctica, las autoridades estadounidenses parecen estar reclamando una jurisdicción mucho más amplia, y las autoridades británicas están alineándose con ello, según The Guardian.

Las autoridades británicas están obligadas a dar consideración "comprensiva" a las solicitudes estadounidenses de hacerse cargo de los casos, y a menudo permiten que las autoridades militares lo hagan, según un experto de la fuerza aérea estadounidense citado por el medio. The Guardian identificó decenas de condenas en tribunales marciales en Reino Unido durante la última década, incluyendo delitos de abuso sexual infantil, ataques violentos y conducción bajo los efectos del alcohol. Un número significativo involucró a víctimas británicas y fueron cometidos fuera de bases estadounidenses.

**Falta de transparencia y rendición de cuentas**

Como mínimo, las autoridades británicas deberían ser más cautelosas al transferir casos al ejército estadounidense, y más responsables y transparentes cuando lo hagan, según el análisis editorial de The Guardian. Como ha instado Steele, la policía debería buscar las opiniones de las víctimas-sobrevivientes antes de renunciar a los casos, y registrar y justificar formalmente su decisión de hacerlo. Esto es especialmente importante cuando los casos ocurren fuera de la base e involucran a personas no conectadas con el ejército estadounidense.

Debería existir un registro central de tales casos y sus resultados, según la fuente. El ejército estadounidense publica un listado de próximos tribunales marciales, pero aunque enumera los presuntos delitos y posteriormente las condenas, no ofrece más detalles.

Es fácil ver cómo la justicia militar estadounidense en suelo británico sirve a los intereses del ejército estadounidense, pero no está claro cómo sirve a quienes los acogen, según el editorial. La actual administración estadounidense es alérgica a los llamados a la transparencia o rendición de cuentas militar, y desdeñosa con sus aliados. Sin embargo, sus bases en el extranjero están bajo un escrutinio cada vez mayor, especialmente debido a la guerra ilegal de Donald Trump contra Irán, según The Guardian.

**Implicaciones futuras**

A largo plazo, Estados Unidos encontrará difícil mantener la aceptación pública de esas instalaciones sin aceptar un mayor escrutinio, según el análisis del medio británico. El caso ha puesto de relieve las tensiones entre la soberanía judicial británica y los acuerdos de defensa con Estados Unidos que datan de la Guerra Fría.

La investigación anunciada por el gobierno británico podría llevar a una revisión del acuerdo de 1951 o al menos a cambios en la forma en que las autoridades británicas manejan las solicitudes estadounidenses de asumir jurisdicción sobre casos que involucran a ciudadanos británicos. La decisión de Steele de renunciar a su anonimato y hablar públicamente sobre su experiencia ha generado un debate sobre si el sistema actual protege adecuadamente los derechos de las víctimas británicas de delitos cometidos por personal militar extranjero en territorio británico.

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